En el mes de abril el Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió un Habeas Corpus colectivo en favor de personas privadas de su libertad, alojadas en diversas unidades carcelarias de la provincia y consideradas en situación de riesgo por el Coronavirus, solicitando que se le de trámite urgente. Esta medida, basada en recomendaciones y solicitudes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, generó una ola de rechazo en buena parte de la sociedad -fogoneada por la circulación de “fake news”- que se vio expresada fundamentalmente en las redes sociales y en un cacerolazo realizado el día 30 de abril a las 20hs.
La idea de una "liberación masiva de presos" que se instaló rápidamente, sumada a la alerta de liberación de personas acusadas de violación y femicidio, produjo una reacción fuertemente punitiva por parte de la sociedad, donde la palabra feminista apareció vigorizando una agenda punitivista que reclamaba el re-encarcelamiento de presos y detenidos.
Frente a esta situación, desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas nos proponemos -por un lado- sistematizar información y datos relevantes para aportar una mirada que contemple el acceso a derechos y garantías constitucionales en torno a la situación de las cárceles y las personas privadas de su libertad en nuestro país desde una perspectiva de género. Por otro, reflexionar sobre cómo la violencia machista es utilizada en ciertas ocasiones para promover medidas de corte punitivista que -contrariamente a las ideas que permean y persisten en el sentido común- rara vez han demostrado ser efectivas para el abordaje de problemáticas sociales.
